El Momento de España - Ramón Feced
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 | Ramón Feced Gresa (Aliaga, 4 de diciembre de 1885 – Madrid, 10 de abril de 1955) fue un abogado y político español. Notario y registrador de la propiedad en Teruel, como miembro del Partido Radical Socialista fue elegido diputado a Cortes en las elecciones de 1931 por la circunscripción de Teruel. Fue ministro de Agricultura en el gobierno que, entre el 12 de septiembre y el 8 de octubre de 1933 presidió Alejandro Lerroux y que cayó al no superar el presidente del Consejo de Ministros la cuestión de confianza que había presentado a las Cortes. Feced fue designado para la misma cartera el 19 de julio de 1936 en el gobierno “nonato” de Diego Martínez Barrio. Con el inicio de la Guerra Civil se exilió en Francia, retornando al finalizar la contienda para continuar con su actividad profesional de registrador de la propiedad gracias a que ayudó a escapar a Ramón Serrano Suñer de las milicias antifascistas. Fuente: Wikipedia Foto: ABC Enrique Mariné entrevista a Ramón Feced para el libro El Momento de España en 1933. |
Ramón Feced Presente y futuro de la Reforma Agraria. Por primera vez estrecho la mano de D. Ramón Feced. Y durante media hora escucho las explicaciones con que el ilustre jurista del flamante organismo va aclarando mis dudas, y que transcribo con la mayor fidelidad posible. El lector advertirá en ellas claridad y precisión poco frecuentes en las netas burocráticas. No falta tampoco la declaración sincera de los errores. Sería pueril el intento de "descubrir" a D. Ramón Feced, que por su privilegiada mentalidad y singular competencia se reveló en los debates al discutirse la ley, y en la Comisión parlamentaria dictaminadora corno uno de los más positivos valores de las Cortes Constituyentes. —La reforma agraria—me dice D. Ramón Feced—ha sido uno de los textos legales más debatidos en el Parlamento. No tiene nada de particular que sucediese así, porque se trata de una ley que va a dar nueva estructura a la propiedad rústica espa- hola y que lastima intereses individuales; es natural la protesta de los titulares afectados por la reforma. Pero, además, no sólo estos elenaentos han protestado contra la ley, sino aquellos a quienes iban a alcanzar sus beneficios, porque el instrumento jurídico creado no producía el efecto que imaginaron de mejorar rápidamente la triste situación del labriego español. Es una consecuencia de la psicología de nuestra raza, para quien las innovaciones han de surgir instantáneamente, creando algunas veces el mito de un hombre cuya omnímoda voluntad baste para modificar substancialmente las organizaciones políticas o sociales, y otras el mito de un cuerpo legal, cuya sola promulgación ha de producir en el acto aquel beneficio o resultado. Y la ley Agraria, si ha de surtir efectos beneficiosos en el campo, si ha de mejorar la suerte del obrero, tiene que aplicarse con lentitud, atendiendo a las posibilidades económicas del Estado, a la situación del agro español y a los sistemas de cultivo para no perturbar hondamente la economía agrícola y, por tanto, la economía general del país. --En efecto—insinúo—, se ha dicho que el organismo encargado de aplicar la reforma agraria funciona con excesiva lentitud, que no se advierten los resultados de su actuación, no obstante haber transcurrido ya varios meses desde que se fundó. —Hay que tener presente, sin embargo—replica el señor Feced—, que el Instituto se ha dedicado en todo ese tiempo a funciones extrañas a la ley Agra ria, al contenido propio de este cuerpo legal: me refiero al Decreto de intensificación de cultivos, provechoso sólo en los primeros momentos, pero que luego ha servido de arma para calmar muchas impaciencias en los pueblos, con quebranto evidente, en algunos casos, de la producción nacional, pues es indudable que para evitar perturbaciones de orden público se han dedicado al cultivo algunas tierras que debían destinarse exclusivamente a pastos, y este ha sido un efecto desastroso de esa medida. Por otra parte, se nos ha planteado el problema de satisfacer los gastos producidos por esa intensificación, y el Instituto, que no puede atender a ese cometido, porque todo su patrimonio está afecto a los asentamientos y a otras aplicaciones derivadas de la base duodécima de la ley Agraria, ha tenido que idear una fórmula : la de recurrir al Crédito Agrícola para pagar los gastos ocasionados por los asentamientos de campesinos, y que sea el Instituto con su patrimonio el que supla la insolvencia de los beneficiados por el Decreto del cultivo intensivo. ---¿Y puede usted decirme en qué se ocupa ahora el Instituto? ---Forma el inventario de las fincas sujetas a la reforma. Según las notas de la Subdirección jurídica, van declaradas ya más de 900.000 fincas y faltan datos de 62 Registros de la Propiedad. Toda la actividad del Instituto va a centrarse en la formalización rápida de este inventario, que tiene enorme importancia, por las dos razones siguientes: porque determinará las fincas sobre las cuales se va a operar en las diversas aplicaciones derivadas de la ley Agraria y porque señalará aquellas otras que quedan libres de la reforma, y sobre las cuales, asegurada la cuestión de orden público, va a seguir la libre contratación; •fincas que servirán de instrumento al crédito y que podrán seguir con el régimen económico que siempre han tenido. En su confección trabaja, eficazmente auxiliado, un equipo de registradores de la propiedad con gran entusiasmo, actividad y provecho. Pronto será una realidad ese inventario, que permitirá operar, en primer término, sobre las 14 provincias más directamente afectadas por la. ley. Enseguida se constituirán los organismos provinciales que van a aplicar la reforma, empezando por hacer el censo de los campesinos a quienes favorece •nuestra ley agraria.• —La práctica nos enseñó desde el primer momento que era necesario reformar el Instituto. No obstante la buena voluntad de los miembros de su Consejo Ejecutivo, es lo cierto que el organismo marchaba con gran lentitud, por las excesivas intervenciones de sus vocales y el crecido número de ellos. Era legítima la representación ostentada por sus elementos técnicos, juristas, economistas y agronómicos y por los propietarios, arredantarios y obreros, pero sólo debía perdurar en el organismo encargado de discernir la orientación y la intensidad con que haya de aplicarse la reforma. El ejemplo de muchas sociedades anó nlmas nos ha inducido a pensar en la creación del Comité de gestión, de reducido número de vocales, que podrá actuar rápida y eficazmente en las infinitas cuestiones que a diario reclaman solución inmediata. Y así, la Asamblea general que se reunirá una vez al año será sólo la encargada de señalar las modificaciones que, derivadas de la experiencia, deban introducirse en las normas fundamentales legislativas, y marcará las reglas cardinales a que debe sujetarse la actuación del Instituto. Además, el Instituto de Reforma Agraria debe ser un órgano independiente, con personalidad propia, desligado del Poder Ejecutivo, para que no sufra los vaivenes de la política, ni sus componentes cambien a cada cambio político, entorpeciendo con ello la aplicación de la ley. En este punto la conversación, aprovecho las palabras del Sr. Feced, alusivas a la intromisión de la política, para recordar las censuras que se han dirigido a algunos de los funcionarios técnicos del Instituo, a quienes se suponía sometidos a las exigencias de las autoridades locales afectas al Partido Socialista. —Es cierto—confiesa el Director de la Reforma agraria—que en algunos pueblos los ingenieros del Instituto han cedido por exigencias de orden público o por impaciencias de los campesinos a la presión de fuerzas políticas, pero no al aplicar la ley que, como he dicho antes, no se cumple todavía, sino el Decreto de intensificación de cultivos. Por ello y por lo avanzado de la época, desde que me encargué de este Centro directivo, suspendí la ejecución de ese Decreto, y declaro lealmente que su aplicación en alguna, pueblos ha sido perjudicial. La charla deriva luego hacia el futuro de la ley agraria. Deseo escuchar la leal opinión de mi ilustre interlocutor acerca de este extremo. El Sr. Feced comienza, en otro arranque de sin ceridad, por reconocer que el primitivo presupueste del Instituto, donde, en efecto, había más de 600 funcionarios y setenta y tantos negociados, era extraordinariamente dispendioso. Por eso--agrega—, el presupuesto que ahora estudiamos y que ha de ser aprobado primero por el Consejo Ejecutivo, y después por el de Ministros. tiende a convertir el Instituto en un órgano eficiente más que en un refugio de empleados. Así, de los 50 millones destinados a la reforma, 45 se invertirán en las aplicaciones señaladas en la ley orgánica, en orden al aprovechamiento ele los bienes expropiados, y los setenta y tantos negociados quedarán reducidos a 36. Se calcula que en el próximo otoño se aplicará la ley en Andalucía, en Extremadura y en las demás provincias comprendidas en la base segunda, comenzando por aquellos pueblos donde el paro campesino reviste los caracteres de una dolencia endémica; y se cree que podrán realizarse de primera intención 10.000 asentamientos. Además, se ordenará todo lo relativo a la aplicación de la ley en las fincas de los encartados por el complot de agosto y en las pertenecientes a la extinguida grandeza, que se elevarán a más de 100.000 hectáreas. Queremos poner en marcha el Banco Agrario Nacional. El proyecto, ya redactado, y que inmediatamente será leído en las Cortes, tiende, como se sabe, a favorecer a los pequeños y medianos propietarios, facilitándoles a bajo coste el dinero necesario para las explotaciones agrícolas. Sería una lástima que por las contingencias de la situación política, en orden al rendimiento del trabajo parlamentario, no pudiera convertirse rápidamente en ley este proyecto, porque el Banco, de acuerdo con el Instituto y con otras entidades económicas que han ofrecido su colaboración, podría ser un medio poderoso para remediar la crisis de la mayor parte de los moradores del agro nacional. También es urgente la aprobación de la ley de arrendamientos, proyecto que, como habrá usted podido observar, ha merecido el aplauso de todos los elementos del país, porque hasta los periódicos de extrema derecha han reconocido que, siendo una reforma revolucionaria, responde a lo que en estos momentos debe ser una ley de esta naturaleza. Y, finalmente, concluye el Sr. Feced (y yo creo llegado el momento de escuchar en pie), se última el estudio del proyecto de ley de rescate de bienes comunales, desenvolviendo la base de la de Reforma Agraria que trata de esta materia, y cuya redacción hay que meditar mucho, por ser diversos los títulos de posesión de los bienes de aquella clase. Hay que diferenciar las adquisiciones que significan un despojo de aquellas otras que tiene un título legítimo de procedencia, como lo fueron los afectados por las leyes desarmortizadoras... Hasta aquí la síntesis de las declaraciones del señor Feced. El lector, contrastando con ellas las censuras inspiradas por un enfermizo pesimismo o dictadas por la pasión política, podemos juzgar con más exactitud de unas y otras. Yo no puedo ser juez, defensor ni fiscal. Me incumbe sólo el modesto papel del relator que va hilvanando el apuntamiento. |
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